{"id":3634,"date":"2025-08-04T23:02:01","date_gmt":"2025-08-05T04:02:01","guid":{"rendered":"https:\/\/proyectoprimatespanama.org\/?p=3634"},"modified":"2025-08-04T23:02:01","modified_gmt":"2025-08-05T04:02:01","slug":"manglar-de-david-el-principio-de-precaucion-pisoteado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/proyectoprimatespanama.org\/?p=3634","title":{"rendered":"Manglar de David: el principio de precauci\u00f3n pisoteado"},"content":{"rendered":"

Manglar de David: el principio de precauci\u00f3n pisoteado<\/strong><\/p>\n

Ariel Rodr\u00edguez-Vargas<\/em><\/p>\n

La reciente decisi\u00f3n de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Panam\u00e1, al negar la suspensi\u00f3n provisional del Estudio de Impacto Ambiental del \u00abProyecto Puerto Bar\u00fa\u00bb, expone una preocupante omisi\u00f3n institucional. Esta resoluci\u00f3n permite iniciar obras que afectar\u00e1n los manglares del distrito de David, en Chiriqu\u00ed, uno de los ecosistemas m\u00e1s valiosos de la costa pac\u00edfica. Aunque a\u00fan faltan permisos y concesiones, la Corte, como anfitriona despreocupada, abre las puertas al da\u00f1o ambiental, como si eso no tuviera importancia. <\/span><\/p>\n

Los demandantes solicitaron una medida cautelar basada en informes t\u00e9cnicos que advert\u00edan sobre impactos graves en manglares protegidos. A pesar de esta evidencia, la Sala concluy\u00f3 que no exist\u00eda \u00abda\u00f1o inminente\u00bb, desconect\u00e1ndose de la gravedad de los efectos y del rol institucional de proteger el patrimonio natural. <\/span><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 sentido tiene el buen derecho ambiental en manos de nuestra Corte si no puede actuar preventivamente antes del da\u00f1o irreversible? El art\u00edculo 118 de la Constituci\u00f3n exige evitar la destrucci\u00f3n de ecosistemas. La Ley 41 de 1998, en su art\u00edculo 3, consagra el principio precautorio: cuando exista riesgo de da\u00f1o grave al ambiente, la falta de certeza cient\u00edfica no debe usarse como excusa para no actuar. La Sala exige certeza total, contradiciendo la l\u00f3gica del principio. Justicia ciega, cuando los peligros fueron advertidos por unidades ambientales del propio Estado. <\/span><\/p>\n

Desde mi perspectiva como acad\u00e9mico y bi\u00f3logo, resulta preocupante ver c\u00f3mo se desestima el conocimiento t\u00e9cnico con tanta liviandad. Panam\u00e1 ha ratificado compromisos como el Convenio de Diversidad Biol\u00f3gica y el Acuerdo de Escaz\u00fa, convertido en ley en 2021. Ambos obligan al Estado a prevenir da\u00f1os a ecosistemas estrat\u00e9gicos como manglares y esteros, vitales para la vida marina. La omisi\u00f3n de estos compromisos convierte al pa\u00eds en firmante sin convicci\u00f3n, y al sistema judicial en un actor desconectado del derecho ambiental de tercera generaci\u00f3n, que reconoce el ambiente sano como derecho fundamental e intergeneracional. <\/span><\/p>\n

Los informes t\u00e9cnicos describen los impactos del enorme dragado permanente al estero, la construcci\u00f3n del puerto, la p\u00e9rdida de h\u00e1bitat marino, la contaminaci\u00f3n del agua, la erosi\u00f3n del suelo del bosque de manglar y la afectaci\u00f3n a la biodiversidad local. Es por ello que la medida cautelar buscaba evitar da\u00f1os mientras se resuelve el caso. Pero la Corte exigi\u00f3 pruebas como si el da\u00f1o ya hubiera ocurrido, vaciando el sentido de la acci\u00f3n preventiva. Una vez destruidos estos ecosistemas, ninguna sentencia podr\u00e1 restituirlos. No se trata de rechazar el proyecto, sino de ubicarlo en un sitio adecuado como Puerto Armuelles, donde no causar\u00eda tal impacto ecol\u00f3gico sobre un \u00e1rea protegida.<\/span><\/p>\n

Luego de todo esto vale hacer la siguiente pregunta: \u00bfpara qu\u00e9 sirven las evaluaciones t\u00e9cnicas si no influyen en decisiones judiciales en casos clave? Esta desconexi\u00f3n entre ciencia ambiental y justicia representa una injusticia ecol\u00f3gica y compromete la legitimidad de la Corte. No es aconsejable que la alta magistratura de justicia de Panam\u00e1 arrincone el conocimiento cient\u00edfico en favor de intereses ajenos al bienestar colectivo. En su rol institucional, la Corte debe proteger el inter\u00e9s p\u00fablico. <\/span><\/p>\n

Tribunales internacionales han optado por caminos distintos. En el caso Lhaka Honhat vs. Argentina (2020), la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableci\u00f3 que deben aplicarse medidas cautelares para evitar da\u00f1os irreversibles al ambiente. El derecho ambiental progresivo exige que ante la duda, se favorezca la protecci\u00f3n de la naturaleza. La Sala Tercera, por ahora, est\u00e1 privilegiando intereses inmediatos sobre derechos colectivos y ambientales de las futuras generaciones. <\/span><\/p>\n

La justicia ambiental debe ser oportuna, efectiva y comprometida con el futuro. Si aspiramos a un modelo de desarrollo sostenible, que respete la vida, el agua, el suelo, la biodiversidad y los derechos humanos, necesitamos una justicia que no mire hacia otro lado cuando el ambiente pide auxilio. La verdadera justicia no puede seguir siendo c\u00f3mplice del saqueo ambiental en nombre del crecimiento econ\u00f3mico. <\/span><\/p>\n

No quiero perder la fe total en la Corte. Espero que este lapsus no sea el preludio de una injusticia, pues muchos otros temas ambientales requieren el an\u00e1lisis y rigor de una Corte justa con los derechos de tercera generaci\u00f3n.
\n\u2014\u2014\u2014\u2014
\nPublicado original en La Estrella de Panam\u00e1 el 4 de agosto de 2025.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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