Gobernanza

4 de noviembre de 2021

Carta abierta

Solicitud de derogación de Decreto Ejecutivo 141 que amenaza las Áreas Protegidas Terrestres de Panamá

Su Excelencia
Laurentino Cortizo Cohen
Presidente de la República
Ciudad de Panamá

E. S. D

Señor Presidente Cortizo-Cohen:

En la Gaceta Oficial de Panamá fue publicado el Decreto Ejecutivo N° 141 del 26 de octubre de 2021, firmado por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo y el Ministro de Ambiente, Milciades Concepción, que establece el Procedimiento Especial de Expedición de Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas.

Este decreto aún bajo el supuesto de buenas intenciones debilita el frágil sistema de gobernanza y gestión ambiental de las áreas protegidas en Panamá porque entre otras cosas:

1. Nunca fue sometido a debate, ni a consultas públicas, que es un proceso obligatorio en este tipo de normas que afectan bienes comunes, lo cual viola lo que consigna la Ley 6 del 22 de febrero de 2002, que dicta las normas de transparencia en la gestión pública.

2. Viola el Acuerdo de Escazú, adoptado por la Ley 125 del 4 de enero de 2020, en su artículo 7 sobre participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

3. Viola el principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú, al ser este un decreto incierto implica un retroceso respecto a los niveles de protección de las áreas protegidas establecidas previamente con mejores estándares de conservación.

4. Viola el principio de precaución, el cual establece que cuando haya peligro de considerable reducción o pérdida de diversidad biológica, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse para postergar las adopción de medidas que impidan o minimicen dicho peligro.

5. Involucra a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) en el proceso de manejo y gestión del uso de suelo en las Áreas Protegidas, que es una competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente.

6. Las normas que crearon las Áreas Protegidas siempre han garantizado los derechos de uso al momento de creación del área. Las Áreas Protegidas se convierten en potenciadores del desarrollo social y económico de las comunidades, protegen la producción de agua, protegen contra inundaciones y deslaves, protegen la producción alimentaria y garantizan múltiples servicios ecosistémicos a corto, mediano y largo plazo, sin los cuales los seres humanos no tendrían calidad de vida.

7. Las áreas protegidas garantizan la protección de la biodiversidad a nivel de ecosistemas, animales, plantas, hongos, microorganismos y la diversidad genética, que el país también está obligado a proteger de acuerdo a la Ley 2 del 12 de enero de 1995 por la cual se aprueba la Convención sobre la Diversidad Biológica en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, que es un tratado vinculante.

Por tanto solicitamos respetuosamente, una reflexión profunda que conlleve la derogatoria del aludido decreto, ya que de lo contrario, abre una Caja de Pandora y pone en peligro el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Panamá (SINAP) establecido en el Artículo Nº 66 de la Ley Nº 41 de julio de 1998 (Ley General de Ambiente). De lo antes establecido se desprende que las Áreas Protegidas promueven el desarrollo humano sostenible y la participación ciudadana en una efectiva valoración, protección, conservación y recuperación de ecosistemas.

Recordamos que las Áreas Protegidas de Panamá son una forma de ordenamiento territorial, basado en el artículo 2, acápite 54 de la Ley General de Ambiente y que a su vez tiene sus propios planes de manejo basados en sus características ecológicas, sociales económicas y culturales.

Recordamos que un Plan de Manejo es el instrumento rector de las áreas protegidas, en el cual se estipula la zonificación del área, así como las actividades permitidas y no permitidas, lo cual garantiza orden, control y protección de los objetos de conservación y la gobernanza adecuada dentro de las Áreas Protegidas.

Somos conscientes, al igual que el propio Ministerio de Ambiente, que nunca se ha tenido la capacidad de manejo adecuado de la mayoría de las Áreas Protegidas del país, a pesar de tener las normas para hacerlo. La nueva norma creada, sin consulta ciudadana, ni técnica, solo agrega más ruido al caos que ya existe y ciertamente crea mayor incertidumbre y anarquía ambiental, que evidentemente creará mayores problemas de gobernanza dentro de las Áreas Protegidas y en nuevas AP.

El Ministerio de Ambiente tiene además un programa oficial de monitoreo de la efectividad de las Áreas Protegidas, que en estos momentos sabemos no se está ejecutando en la mayoría de los casos, con lo cual se aumentan aún más nuestras preocupaciones sobre la protección de la integridad de las Áreas Protegidas de Panamá.

Finalizamos reiterando la solicitud respetuosa de derogación de esta norma, que tiene una evidente falta de transparencia y que pone en peligro la función de las Áreas Protegidas y el principio de legado natural a las próximas generaciones.

Con muestras de confianza en su buena disposición a enmendar errores como gobernante, me despido.

Atentamente,

Dr. Ariel Rodríguez-Vargas

Presidente JD

Proyecto Primates Panamá

Correo: ariel.rodriguez@proyectoprimatespanama.org

CC. Ing. Milciades Concepción, Ministro de Ambiente y Secretaría del Acuerdo de Escazú

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CARTA PRESIDENTE CORTIZO PMA 4 DE NOV 2021